Las entidades rurales calificaron de "apriete político" la invitación que les efectuó ayer el juez penal económico Marcelo Aguinsky a una audiencia para el martes próximo junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con la intención de evitar que un eventual paro del campo derive en una situación de desabastecimiento.
El magistrado dijo a LA NACION que pretende que "se llegue a un acuerdo para garantizar el abastecimiento de toda la población", por lo cual su idea es "asegurar un ámbito neutral en el que los cuatro ruralistas se puedan sentar a debatir con Moreno".
"Un conflicto no lo deben solucionar los medios. Es importante que la Justicia intervenga antes de que ocurran los hechos para evitar cualquier desenlace irreparable", destacó.
En tal sentido, convocó a Moreno y a los titulares de Coninagro, Fernando Gioino; de la Sociedad Rural, Luciano Miguens; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, y de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, a la audiencia que se realizará el martes próximo, a las 11, en el Juzgado Penal Económico N° 7.
Si finalmente se concretara, el acto se realizaría tres días antes de que venciera el plazo anunciado por el campo para llegar a un acuerdo con el Gobierno acerca de las retenciones a las exportaciones de granos.
-¿Esta medida no viene a darle una ayuda a Moreno? En definitiva, es una forma de obligar a los ruralistas a que se comprometan a que no habrá desabastecimiento - preguntó LA NACION a Aguinsky.
- No. Es tan sólo una invitación. Si todos vienen a la audiencia, se presenta la oportunidad de que firmen un acta donde se asegure que no se promoverá el desabastecimiento, aun si hubiese cortes de ruta. Pero si no concurren no sucede nada.
Las agrupaciones ruralistas, en cambio, no ven en esa citación una oportunidad para negociar, sino un acto de presión del Gobierno.
"Nos llegó una notificación en la que nos citan, a los cuatro presidentes, a declarar ante un juez por una acusación de Moreno por haber afectado la ley de abastecimiento. Es un apriete político, vienen a marcarnos la cancha", dijo Llambías, de CRA.
Miguens, en tanto, afirmó: "El discurso presidencial y esta citación no ayudan; estamos haciendo un gran esfuerzo y esas cosas embarran la cancha".
Buzzi sostuvo que la convocatoria judicial "suena a un apriete". "No tengo conciencia -añadió- de haber afectado a los argentinos ni de haber desabastecido a nadie como objetivo. Suena más a una judicialización de la protesta agraria que a un verdadero problema de abastecimiento."
Las negociaciones entre el Gobierno y el campo siguen estancadas. Ayer, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, ratificó que el Gobierno no volverá atrás con las retenciones móviles. Por el momento, las entidades están evaluando qué tipo de medidas adoptar para no perjudicar a la población.
La causa que ahora está en manos del juez Aguinsky comenzó con tres denuncias penales por desabastecimiento y cortes de rutas que fueron presentadas por Eduardo Barcesat; Rubén Manusovich, titular de Fedecámaras, y Eduardo Montovini durante el último paro del campo.
Las denuncias fueron unificadas en un solo expediente, que primero se tramitó en el fuero federal. Pero el juez Sergio Torres, cuando estuvo provisionalmente a cargo del juzgado de Norberto Oyarbide, se declaró incompetente y remitió el sumario al fuero penal económico, que es el competente para intervenir cuando está en juego la aplicación de la ley de abastecimiento.
Esa norma fue sancionada en 1974 y autoriza al gobierno nacional a fijar precios, obligar a que continúe realizándose alguna actividad productiva e, incluso, disponer la intervención de una explotación empresarial o comercial. Prevé que debe ser autoridad de aplicación la Secretaría de Comercio Interior, que está a cargo de Moreno.
Este es el organismo encargado de juzgar en primera instancia si hay desabastecimiento y sancionar a los responsables. Sus sanciones son apelables ante un juez penal económico.
Aguinsky, en lugar de declararse incompetente y enviar el sumario a ese organismo, fijó una audiencia.
Si, como dice el juez Aguinsky, Moreno o los ruralistas no concurrieran a la audiencia, se podría declarar incompetente y remitir el expediente a la Secretaría de Comercio para que se instruya un sumario contra los productores agropecuarios.
En rigor, explican en la Justicia, la ley no se aplicaría sobre los presidentes de las entidades rurales, sino, básicamente, sobre los productores de bienes y servicios que fueran los autores del desabastecimiento. Y si bien algunas normas de la ley fueron derogadas, la ley prevé que se puedan aplicar sanciones de arresto hasta 90 días.
Por Adrián Ventura
De la Redacción de LA NACION
