La presidenta Cristina Kirchner dio su visto bueno al proyecto que el Gobierno aplicará en lo que resta del año para hacer frente al reclamo rural.
Lejos de ceder a los reclamos más frecuentes de las entidades rurales, se decidió profundizar las líneas de trabajo seguidas por la Secretaría de Agricultura. Pero el titular de ese organismo, Carlos Cheppi, contará con una ayuda impensada: el Ejecutivo le mandará 810 millones de pesos adicionales.
Con ese dinero extra, que depende todavía de la aprobación en el Congreso de un proyecto para ampliar el Presupuesto Nacional, el funcionario administrará hasta diciembre una masa de recursos nada despreciable, de 1.064 millones, para hacer política agropecuaria.
De todos modos, cabe aclarar que los mayores beneficiarios de ese presupuesto no serán los productores primarios sino algunas industrias alimenticias. Y es que 740 de esos millones irán a reforzar el régimen de compensaciones.
El propio Cheppi, en declaraciones periodísticas, calificó a los integrantes de la Comisión de Enlace como “opositores”. Y razonó: “Si no, no se entiende que toda la serie de iniciativas que estamos realizando no sean valoradas”.
Usos y costumbres
Esas iniciativas no distan mucho de las que venía manejando Agricultura en su anterior gestión. Un informe publicado por el diario Clarín muestra que el destino de esos 1.000 millones no responde a los planteos de las entidades del campo, más vinculados a rebajas de las retenciones o el cese de la intervención oficial en los mercados de granos, carne y leche, sino a programas que estaban en ejecución antes del duro conflicto rural.
Entre el dinero fresco que llegará a Agricultura también figuran una partida de 40 millones para la flamante Subsecretaría de Desarrollo Rural, que atiende la problemática de los pequeños productores, y un refuerzo de 30 millones para ayudar a paliar los efectos de la visible sequía en varias provincias.
Hasta diciembre, Cheppi promete usar además partidas que ya están en su poder, por 254 millones. Responden a programas que fueron creados por el Congreso (por caso, las leyes Ovina y Caprina, o el programa de promoción forestal) o por anteriores gestiones.
