La obra costará U$S 3.500.-
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió el pasado 29 de abril la adjudicación del tren de alta velocidad, que unirá Buenos Aires, Rosario y Córdoba, al destacar que "cambiará el perfil de la región y del corredor agroindustrial más importante que tiene la Argentina".
El legislador por Jujuy Gerardo Morales insistió en que la meta de su denuncia es que "se impugne" ese proyecto ferroviario del Gobierno que unirá Buenos Aires, Rosario y Córdoba, con un costo estimado en poco más de 3.500 millones de dólares.
Morales argumentó que "es un tema muy delicado" el proyecto del tren de alta velocidad porque a su entender existen "irregularidades" en la empresa francesa Alstom, que lidera el consorcio Velexia, encargado de realizar el proyecto.
El senador recordó que "Alstom hace tres años estaba en quiebra y fue salvada por el presidente francés Nicolás Sarkozy".
Alstom además es investigada en Europa por supuestos sobornos pagados en Venezuela, Brasil y el continente asiático por cerca de 200 millones de dólares.
"Hay una suma de irregularidades que nos obliga a seguir planteando ante la Justicia una impugnación a este trámite", expresó Morales en diálogo con radio América.
Puntualizó que el tren llamado 'bala' "no es el mejor ejemplo de la redistribución de la riqueza" porque "hay otras prioridades como la de arreglar" los servicios ferroviarios "comunes" que unen la Capital Federal con el Gran Buenos Aires.
Por su parte, la diputada Nora Ginzburg (Interbloque PRO) presentó un proyecto de ley para convocar a una consulta popular para que la ciudadanía se expida acerca de la conveniencia o no de realizar ese proyecto del oficialismo.
La iniciativa fue presentada sobre la base del artículo 40 de la Constitución y los términos fijados en el artículo 12 de la ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante.
El proyecto de la legisladora dice que la consulta sería "no vinculante" pero "servirá de referencia para que el Poder Ejecutivo conozca la postura de la gente sobre esta descabellada iniciativa".
Ginzburg argumentó que el proyecto "es una de esas medidas que intentan dar una herramienta legítima a la ciudadanía, a los efectos de que se exprese sobre la racionalidad de un proyecto que, a mi entender, carece del más básico sustento lógico".
El tren de alta velocidad tendría un costo final de poco más de 3.500 millones de dólares. Varios sectores políticos y vinculados al quehacer ferroviario hicieron duros cuestionamientos y reclamaron que ese dinero sea destinado a la mejora de los actuales trenes.
La presidente Cristina Fernández, al defender el proyecto, había explicado que el costo tendrá un financiamiento del 100 por ciento, con siete años de gracia y 30 años para pagar.
Morales argumentó que "es un tema muy delicado" el proyecto del tren de alta velocidad porque a su entender existen "irregularidades" en la empresa francesa Alstom, que lidera el consorcio Velexia, encargado de realizar el proyecto.
El senador recordó que "Alstom hace tres años estaba en quiebra y fue salvada por el presidente francés Nicolás Sarkozy".
Alstom además es investigada en Europa por supuestos sobornos pagados en Venezuela, Brasil y el continente asiático por cerca de 200 millones de dólares.
"Hay una suma de irregularidades que nos obliga a seguir planteando ante la Justicia una impugnación a este trámite", expresó Morales en diálogo con radio América.
Puntualizó que el tren llamado 'bala' "no es el mejor ejemplo de la redistribución de la riqueza" porque "hay otras prioridades como la de arreglar" los servicios ferroviarios "comunes" que unen la Capital Federal con el Gran Buenos Aires.
Por su parte, la diputada Nora Ginzburg (Interbloque PRO) presentó un proyecto de ley para convocar a una consulta popular para que la ciudadanía se expida acerca de la conveniencia o no de realizar ese proyecto del oficialismo.
La iniciativa fue presentada sobre la base del artículo 40 de la Constitución y los términos fijados en el artículo 12 de la ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante.
El proyecto de la legisladora dice que la consulta sería "no vinculante" pero "servirá de referencia para que el Poder Ejecutivo conozca la postura de la gente sobre esta descabellada iniciativa".
Ginzburg argumentó que el proyecto "es una de esas medidas que intentan dar una herramienta legítima a la ciudadanía, a los efectos de que se exprese sobre la racionalidad de un proyecto que, a mi entender, carece del más básico sustento lógico".
El tren de alta velocidad tendría un costo final de poco más de 3.500 millones de dólares. Varios sectores políticos y vinculados al quehacer ferroviario hicieron duros cuestionamientos y reclamaron que ese dinero sea destinado a la mejora de los actuales trenes.
La presidente Cristina Fernández, al defender el proyecto, había explicado que el costo tendrá un financiamiento del 100 por ciento, con siete años de gracia y 30 años para pagar.
