El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dio inicio formal a la investigación contra el dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, y ordenó una serie pruebas para comprobar si cometió delito al admitir a Crítica de la Argentina que durante el paro del campo los chacareros habrían estado "armados para resistir".
Fuentes judiciales indicaron que el juez hizo lugar a las medidas sugeridas por el fiscal federal Jorge Di Lello y dio curso a la denuncia en la que se acusó a De Angeli por los presuntos delitos de "acopio de armas", "intimidación pública" e "incitación a la violencia".
Como primera medida, Martínez de Giorgi envió un oficio a la Secretaría Electoral para corroborar el domicilio del dirigente y notificarlo de la investigación en su contra, con el objetivo de pueda hacer las aclaraciones que considere pertinentes a través de un abogado.
Asimismo, libró oficios a los medios gráficos y televisivos para que remitan las desgrabaciones de las declaraciones formuladas por De Angeli y las notas televisivas donde aparece entrevistado.