La audiencia de conciliación, convocada por el Juez federal Marcelo Aguinsky, entre las entidades del campo y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, desembocó en un “acuerdo de palabra” para que la denuncia por "violación a la Ley de Abastecimiento" pasara al ámbito de Comercio y abandonara el fuero de lo penal. Y desde los ruralistas, se comprometieron que "no se desabastecerá al mercado interno"."Siempre hemos actuado bajo las normas constitucionales y bajo la ley. Así seguiremos haciéndolo", aseguró el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, en la escalera de los Tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, sobre la negociación con el Gobierno, Buzzi aclaró que “hasta acá nada cambia”.Ante el inminente vencimiento de la tregua que dio el campo, el dirigente agrario sostuvo que “la extensión de la prórroga depende de lo que se converse entre hoy y mañana”. Y agregó: “Nosotros ponemos la mejor voluntad, pero estamos esperando a que nos convoquen para ver que agenda resulta”.En ese sentido, el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, anticipó: “Soy optimista. Estamos muy cerca de lograr un acuerdo con la leche, la carne y el pan”.Sobre la citación judicial, Miguens reveló que “fue un compromiso verbal a actuar como siempre lo hemos hecho” para que se quite de la causa la figura de dolo y pase a la órbita de la Secretaría de Comercio. La urgencia, además del vencimiento de la prórroga, se debe a que “los frigoríficos están abarrotados de carne”, señaló el ruralista.Además de ponderar la actitud del juez, Miguens explicó que buscarán “volver a las retenciones fijas y que no queden congelado los precios”.Por su parte, Marío Llambías, titular de CRA, fue contundente sobre la situación luego del 2 de mayo. "No queremos cortar las rutas", indicó.Moreno había acusado a Luciano Miguens (SRA), Eduardo Buzzi (FAA), Mario Llambías (CRA), y Fernando Gioino (Coninagro) de violar la Ley de Abastecimiento durante el último lock out rural.Por eso, desde las 11 de la mañana compartieron una "audiencia de conciliación", ordenada por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Antes del encuentro, Buzzi anticipó que “la llegada del nuevo ministro de Economía es una oportunidad para el Gobierno y para el país”, aseguró el dirigente, quien resaltó que "nadie quiere confrontar pero -agregó- en el campo se ha perdido la confianza, se ha perdido la credibilidad y ese es el principal problema".Por su parte, el presidente de la Federación de pequeños comerciantes (Fedecamaras), Rubén Manusovich, redobló la apuesta judicial al llegar a la puerta de los tribunales. “Los principales perjudicados fuimos los comerciantes. Venimos a ampliar la declaración porque hubo un desabastecimiento, producto del complot entre los operadores económicos de la década anterior, las consultoras que aseguran que hay una inflación del 30 % y el campo”, sostuvo el titular de la entidad.Además, Manusovich advirtió que “las instituciones de la república están en peligro” y no se mostró muy optimista sobre el futuro de las negociaciones, ya que la tregua “es una extorsión hacia el Gobierno nacional”.
